Revista Nº 18 Septiembre 2007

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Artículos

La responsabilidad del órgano de administración de las sociedades cooperativas y su necesaria incardinación en el moderno derecho de sociedades

Carmen Pastor Sempere

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Durante el año 2003 se produjeron, entre otras, dos importantísimas reformas legislativas que afectaron notablemente a nuestro Derecho de Sociedades. Nuestras sociedades cooperativas, han visto de esta forma actualizado un importante aspecto del estatuto del administrador como es la responsabilidad tanto desde el punto de vista societario con la “Ley de transparencia”, cuya conexión la encontramos en la propia Ley estatal de sociedades cooperativas de 1999 (en adelante LCE) al realizar en su art. 43 una remisión en bloque al régimen de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas, como desde el punto de vista concursal por la llamada“Ley concursal” donde se establece un nuevo régimen de “responsabilidad concursal” para los administradores de personas jurídicas, sin distinción, quedando comprendidos, por tanto, los administradores de sociedades cooperativas. Destacable es, igualmente, por su posible aplicación a los administradores de la sociedad cooperativa, la responsabilidad en los supuestos de obligación de disolver la sociedad cooperativa, últimamente modificada -reforma de los artículos 262.5 de la LSA y 105.5 LSRL producida recientemente por la Ley sobre la Sociedad Anónima Europea (BOE de día 15 de noviembre de 2005)- por la que los administradores de las sociedades de capital tan solo responden de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución. De todo ello damos cuenta, de forma sucinta, en esta Ponencia.

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The legislative reforms of 2003 included two with far-reaching effects for Spanish company law. Spanish cooperative societies found that these reforms had updated an important aspect of the status of administrators of cooperative societies: their liability, both from the company point of view with the ‘Transparency Act’, where the connection is that section 43 of the 1999 Spanish Cooperative Societies Act (Ley de sociedades cooperativas de España – LCE) incorporated in full by reference the provisions concerning the civil liability of administrators of public limited-liability companies (sociedades anónimas), and from the point of view of insolvency proceedings, where what is known as the ‘Law of insolvency proceedings’ lays down a new ‘liability in insolvency’ system for the administrators of legal persons, without distinction, thus including the administrators of cooperative societies. Also noteworthy, because of its possible applicability to the administrators of cooperative societies, is responsibility in the cases where it is obligatory to dissolve a cooperative society, which has recently been modified – revision of sections 262.5 of the LSA (Ley de Sociedades Anónimas – Public Limited-Liability Companies Act) and 105.5 LSRL (Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada – Private Limited-Liability Companies Act) brought about by the Act concerning the European Company (Ley sobre la Sociedad Anónima Europea, BOE [Spanish Official Gazette] 15 November 2005) – so administrators of joint-stock companies are now only answerable for company liabilities incurred after the occurrence of the cause of dissolution. An account of all these matters is given, briefly, in this paper.

La aplicación del apartado quinto del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a las Sociedades Cooperativas

Manuel José Vázquez Pena

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A raíz de una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, y partiendo de la remisión que el artículo 43 de la Ley 27/1999 hace al régimen de responsabilidad de los administradores de las Sociedades Anónimas, se analiza en este trabajo la posible aplicación del apartado quinto del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a las Sociedades Cooperativas. Tras el examen de este precepto, hace poco modificado por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, “sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España”, se concluye que el mismo no puede ser aplicado a los miembros del Consejo Rector (o al Administrador único, si fuese el caso) de una Sociedad Cooperativa.

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This article examines whether section 262.5 of the Spanish Corporation Act applies to Cooperative Societies in the light of a recent judgment of the Vizcaya’s Court of Appeals. In particular, the issue is whether section 43 of Cooperatives Societies Act refers to the special liability regime of section 262.5 of the Spanish Corporation Act. The author concludes that section 265.2 (even after the new reading of the article provided by the Act 19/2005 of November 14th, about the European Corporation with business address in Spain) cannot be applied to the members of the board of directors (or single manager) of Cooperative Societies.

El Derecho de la Economía Social: entre la Constitución y el mercado, la equidad y la eficiencia

Alfonso Cano López

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La existencia de un conjunto de normas jurídicas dirigidas a dar respuesta a las exigencias de unas empresas singulares por un lado, y, por otro, a permitir un cierto control, fiscalización y fomento de su actividad desde los poderes públicos, viene de lejos. La cuestión pues, no radica en la existencia o no de un Derecho de la Economía Social (vid. art.129 CE: “Los poderes públicos fomentarán mediante una legislación adecuada…”). La cuestión sería la elección entre un Derecho de la Economía Social sistemático o un Derecho de la Economía Social por azar y condenado a las limitaciones de un fragmentado pensamiento tópico. Desde esta premisa se van a tratar de determinar los rasgos de caracterización de esta normativa para, después de explorar su posible carácter de derecho especial y colocar como elemento esencial de la misma a la empresa de economía social, proceder a su configuración como una nueva categoría sistemática integrada en un Derecho Mercantil especial por razón de la materia –la empresa- y abierto por razón de los nuevos tiempos.

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The existence of a set of legal rules intended to respond to the demands of singular companies, on the one hand, and on the other, to allow a certain control, supervision and encouragement of their activity on the part of the authorities is nothing new. The question is not, therefore, whether or not there is such a thing as Social Economy Law (see section 129 of the Spanish Constitution: “the authorities shall encourage by suitable legislation …”). The question is the choice between systematic Social Economy Law or random Social Economy Law condemned to the limitations of fragmented, hackneyed thinking. Based on this premise, an attempt will be made to determine the features that characterise this legislation and after exploring its possible nature as special law and situating the social economy company as an essential element of it, to proceed to trace its outlines as a new systematic category, integrated into a special Company Law by reason of its subject, the company, and open by reason of these new times.

La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana

María Burzaco Samper

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En cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, el régimen sancionador configura una parte sustancial de los títulos que las leyes sectoriales vigentes dedican a la “Administración Pública y las cooperativas”. En contraste con las primeras normas postconstitucionales, el legislador actual ha manifestado una tendencia progresiva a perfeccionar el sistema punitivo, individualizando mejor las conductas y matizando la respuesta sancionadora. Buen ejemplo de ello es la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana que, aunque severa y con ciertas imperfecciones, logra posiblemente el más completo cuadro de infracciones y sanciones de los existentes en la legislación cooperativa de nuestro país.

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In compliance of the constitutional principles of current legislation, the sanctioning regime forms a substantial part of the titles that the sectorial laws currently in force dedicate to the “Public Administration and cooperatives”. In contrast to the first postconstitutional norms, current legislators have demonstrated a progressive tendency to perfect the punitive system, individualizing better the conducts and clarifying the sanctioning response. Good example of it, is the Law 8/2003, dated on 24 of March, on Cooperatives of the Valencian Community that, although severe and with certain imperfections, possibly obtains the most complete picture of infractions and sanctions of the existing ones in the cooperative legislation of our country.

Responsabilidad por no promoción de la disolución de los miembros del consejo rector

Jorge Moya Ballester

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El trabajo tiene como objeto el estudio de la aplicación del régimen de responsabilidad de administradores, establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, al consejo rector de la sociedad cooperativa. En concreto, se pretende analizar la hipotética aplicación del sistema de responsabilidad contenido en el artículo 262.5 LSA a los miembros del consejo rector. Para ello se analizan dos posibles vías de aplicación. En primer lugar, la ley estatal de sociedades cooperativas establece en su artículo 43 una remisión completa al régimen de responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas. En segundo lugar, el artículo 4 del Código Civil contempla la analogía como método para la integración de lagunas legales. Ambas posibilidades son estudiadas con el fin de poder determinar si la responsabilidad por no promoción de la disolución es aplicable a los miembros del consejo rector.

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This work studies the application of the provisions regarding the responsibility of administrators set out in the Spanish Public Limited Liability Company Act (Ley de Sociedades Anónimas – LSA) to the governing council of cooperative societies. Specifically, it sets out to analyse the hypothetical application to members of the governing council of the liability provisions of section 262.5 of this law. Two possible ways in which they could be applied are therefore examined. The first is that section 43 of the Spanish Cooperative Societies Act incorporates in full by reference the civil liability system for administrators of public limited-liability companies. The second is that section 4 of the Civil Code envisages analogy as the method for remedying gaps in the legislation. Both possibilities are studied in order to determine whether liability for not calling for dissolution is applicable to the members of the governing council of a cooperative.

Retos y oportunidades de la globalización para las cooperativas y el marco legal cooperativo

Hagen Henrÿ

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Bajo la actual ley de competencia, las cooperativas, cuya naturaleza limita sus posibilidades de financiamiento, operan democráticamente y el capital no es su principal factor de producción ni los retornos financieros sobre su inversión su principal objetivo, tienen una desventaja competitiva frente a las entidades de capital. Apelando al principio de trato igualitario, los legisladores armonizan los marcos legales cooperativos nacionales para equiparar las cooperativas con las entidades de capital, en su estructura financiera y operacional, pero este alineamiento es necesario solo hasta cierto punto, pues se corre el riesgo de perder sus características distintivas.
Hay que evitar que el modelo de entidades de capital sea el criterio para todo tipo de empresa, para ello: a) debe recuperarse y preservarse, donde sea necesario, el carácter distintivo de la cooperativa a la par que se fortalece la competitividad de la misma, y b) debe protegerse la diversidad cultural, incluso en el campo del derecho. No es necesario homogeneizar el derecho cooperativo, y menos, alinearlo con el derecho de las entidades de capital.
Hay que desarrollar leyes cooperativas específicas que reflejen su medio cultural pero sin salirse del marco de los valores y principios cooperativos, que aunque no son reglas legales, sí son principios que guían a los legisladores.

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Under the present law of competition, as cooperatives by nature have limited possibilities of obtaining external funding, operate democratically, do not have capital as their main factor of production nor financial returns on their investments as their main objective, they are at a competitive disadvantage compared to capital-based organizations. Appealing to the principle of equal treatment, legislators are harmonizing national legal frameworks for cooperatives to put them on the same footing as capital-based companies as regards their financial and operational structure. However, this alignment is only necessary up to a point, as there is a danger that they may lose their distinctive characteristics.
The capitalist company model should not be allowed to become the criterion for every kind of company, consequently: a) the cooperative’s distinctive character should be recovered and preserved wherever necessary, while strengthening its competitiveness; b) cultural diversity should be protected, even in the field of the law. Cooperative society law does not need to be homogenized, still less to be aligned with capital-based company law.
Specific laws for cooperatives should be drawn up, reflecting their cultural background but remaining within the framework of the cooperative values and principles. Although these are not legal rules, they are guiding principles for legislators.

Reseñas de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social

Enero 2006 - Junio 2006 | Jesús Olavarría Iglesia

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Reseñas de legislación sobre entidades de Economía Social

Agosto 2006 - Febrero 2007 | Gemma Fajardo García

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